La Prohibición había fracasado en lograr su objetivo ilusorio de impedir que los estadounidenses consumieran alcohol, y más bien sus efectos secundarios —violencia, corrupción, insalubridad— probaron ser más perniciosos que los males relacionados al alcoholismo. En 1933, mediante la ratificación de la XXI enmienda a la Constitución, EE.UU. acabó con el fallido experimento de la prohibición del alcohol.
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Sin embargo, la carga más pesada recae sobre los países menos desarrollados como los latinoamericanos. Un informe reciente del Banco Mundial señaló que “los costos de la prohibición caen desproporcionadamente sobre los países en desarrollo que tradicionalmente crecen cultivos asociados con la producción de drogas. Estos costos varían desde la expropiación directa de la riqueza de los productores agrícolas que cosechan estos cultivos hasta la inestabilidad institucional causada por las organizaciones criminales que distribuyen estas drogas”.
En ningún lugar es más patente esta inestabilidad institucional que en México, donde la corrupción y violencia relacionada al narcotráfico es cuestión de todos los días. A diferencia de Colombia, que también vivió su pesadilla de violencia en los ochenta y los noventa, México no cuenta actualmente con la capacidad institucional para hacerle frente a los poderosos carteles de la droga.
¿Está funcionando?
A la hora de evaluar la guerra contra las drogas, la interrogante radica entonces en si todas estas vidas perdidas, dinero, violencia, corrupción y erosión de libertades civiles están al menos logrando el objetivo de frenar el consumo de drogas en la población. Para eso, basta con citar la primera oración del informe “Evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2010” elaborado por el departamento de Justicia de EE.UU.: “En general, la disponibilidad de drogas ilícitas en EE.UU. está en aumento”.
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